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Radares Bajo Fuego: El Desesperado Acto de Vandalismo en las Carreteras Madrileñas
Madrid se enfrenta a una ola de indignación y vandalismo que está dejando a algunos de sus radares de velocidad más productivos convertidos en chatarra. Lo que comenzó como un goteo de incidentes se ha transformado en una preocupante tendencia, forzando a la mismísima Guardia Civil a solicitar medidas de vigilancia específicas para atajar estos actos que ya cumplen más de un año de repetición sistemática en la comunidad autónoma.
El Blanco de la Ira: Cómo y Por Qué Destruyen los Radares
Los objetivos predilectos de estos actos vandálicos son los radares de cabina ubicados en puntos estratégicos de las autovías madrileñas, como la M-607 o la M-505. Lo que se observa es una escalada de métodos: desde el simple acto de “cegarlos” con pintura blanca, hasta el uso de proyectiles como piedras para destrozar su carcasa. En casos más extremos, se llega a introducir objetos en el interior de los dispositivos tras romper el cristal, inutilizando las cámaras que captan las infracciones. La situación es tal que algunos de estos cinemómetros, diseñados para garantizar la seguridad vial, son objeto de un ciclo de reparación y vandalismo que se repite casi al día siguiente de su puesta a punto. El caso de un radar en la M-505 es paradigmático: instalado hace año y medio, aún no ha podido comenzar a multar tras sufrir continuos sabotajes, uno de ellos con el poste de una señal de tráfico.
El Coste de la Furia: Dinero Público y Seguridad en Juego
Las cifras detrás de estos actos son contundentes. Reparar el daño causado a un radar fijo puede ascender a la astronómica cifra de 70.000 euros, y hasta 66.000 en el caso de un radar de tramo. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), esta elevada suma se justifica por la sofisticada tecnología que integran estos aparatos, incluyendo sistemas de reconocimiento de caracteres, sincronización GPS y cámaras láser. Más allá del desembolso económico, el vandalismo tiene serias implicaciones legales. El Código Penal contempla penas de prisión de uno a tres años para quienes dañen bienes públicos, y ya se han registrado detenciones de individuos que, tras ser sorprendidos rompiendo radares, han tenido que recurrir incluso a campañas de donaciones en redes sociales para afrontar las reclamaciones. Esta problemática no es exclusiva de Madrid; incidentes similares se han reportado en otras provincias, afectando a radares recién instalados y operativos.
La DGT insiste en que la función primordial de los radares es actuar como medida de seguridad activa para reducir la siniestralidad. Sin embargo, los datos de recaudación por sanciones de radares en 2025 superaron los 540 millones de euros, una cifra récord que, para muchos, alimenta el debate sobre su verdadera finalidad. Ante este panorama, la Guardia Civil intensifica la vigilancia en los puntos más conflictivos, movilizando efectivos de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana. La complejidad de perseguir este tipo de delitos, sumada a la gran cantidad de radares instalados en el territorio nacional (cerca de 4.000), convierte esta batalla contra el vandalismo en un desafío constante.
📰 Source: Xataka
